Prohiben por decreto la actividad de la Escuela de Esquí en San Isidro

La empresa denuncia irregularidades en la adjudicación del servicio. Carrasco dicta por decreto que cese cualquier actuación de la sociedad en las pistas de montaña.

Isabel Carrasco, presidente de la Diputación de León ha prohibido por decreto que la Escuela Española de Esquí y Snowboard realice cualquier tipo de actividad en las pistas de San Isidro. Los representantes de la sociedad instructora mantienen un litigio en un proceso de solicitud y reclamación con la institución provincial, que hace escasas fechas decidió otorgar la concesión de la actividad que hasta ahora desempeñaba a otra firma, que aún no se ha resuelto.

En el escrito dictado por la presidencia provincial, que resuelve el espacio de la estación como «bien de dominio público provincial» se advierte de las reservas de la Diputación para «emprender acciones legales en las que exigirán responsabilidades civiles o de otra naturaleza» que de persistir lo que define como «ejercicio ilegal», conforme a los artículos 34 y 61 de las leyes de régimen jurídico de las e entidades locales, «se procederá a la ejecución forzosa» de todas la prerrogativas indicadas.

La Escuela Española de Esquí de San Isidro interpuso recurso el pasado 25 de noviembre contra la adjudicación provisional por parte de la Diputación de la actividad de escuela de esquí de la estación a la empresa Paraven por la temporadas 2008-2009 a 2010-2011, por un importe de 4.742 euros, frente a los más de 6.500 ofertados por la sociedad a la que ahora se da dispuesto el desalojo de las instalaciones.

En San Isidro se advierte ya un conflicto notable en torno a la oferta de la instrucción en la práctica del esquí, que se observa en las predilecciones de los usuarios hacia los monitores de la Escuela Española de Esquí de San Isidro. Esta sociedad, en la que también participa Norfel Sport, concurrió en unión temporal al concurso, y estima que se han cometido «una serie de infracciones en el proceso de adjudicación del servicio» que entiende con base suficiente «para declarar la nulidad y anulabilidad del expediente, de acuerdo con la legislación que rige en el ámbito de los contratos públicos»

Fuente: Diario de León