Carrasco y García-Prieto declararán por la demanda millonaria de San IsidroEl juez fija el juicio para el 11 de junio y cita a la presidenta y al ex presidente Ya hay fecha para el juicio que deberá resolver la demanda planteada por la promotora Esquí Golf Resort contra la Diputación de León, a la que exige el pago de seis millones de euros, ya que la falta de suministro eléctrico en la estación invernal de San Isidro provocó el bloqueo del proyecto de desarrollo residencial y urbanístico de esta sociedad asturiana con las consiguientes pérdidas económicas.
Será el día 11 de junio a las 9.00 horas, tal y como determinó ayer ante las partes litigantes -”en la audiencia previa celebrada-” el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 9 de León. Además de admitir una serie de pruebas presentadas por la sociedad demandante, el magistrado aceptó la presencia -”en calidad de testigos-” en la vista fijada de la presidenta de la institución provincial, Isabel Carrasco, su antecesor en el cargo, Javier García-Prieto, y el que fuera responsable de las estaciones de esquí en el pasado mandato como diputado de Turismo, Pedro Vicente Sánchez, según ha podido conocer este periódico.
En la audiencia previa celebrada ayer concurrieron los abogados y procuradores de las dos partes, así como el presidente de Esquí Golf Resort. Tras preguntar el juez si existía alguna posibilidad de llegar a un acuerdo y obtener un no como respuesta de demantantes y demandados, quienes también se ratificaron en los escritos remitidos, el magistrado comunicó la fecha del juicio.
El titular del Juzgado de Primera Instancia Número 9 de León admitió a trámite a principios del otoño la demanda presentada por esta promotora asturiana el 2 de julio, después de desestimar una serie de documentos de la defensa de la Diputación para paralizar el proceso sustentados en supuestos defectos de forma de la demanda y el hecho de que la promotora no hubiera reclamado previamente por escrito a la institución provincial.
Esquí Golf Resort exigía en el momento de la presentación de la demanda cerca de seis millones de euros, cantidad que ahora supera esta cifra por los intereses acumulados durante estos meses, así como la resolución del contrato de compra-venta «por incumplimiento de la parte vendedora». La Diputación en octubre del 2005 formalizó con esta empresa la venta por subasta de 39 parcelas en San Isidro propiedad de la institución provincial.
Este contrato obligaba a la sociedad a ejecutar en el plazo de cinco años las obras de urbanización y edificiación en el suelo adquirido, de no ser así los terrenos deberán retornar a la Diputación sin que la adjudicataria tenga derecho a indemnización alguna. Precisamente, el problema de la falta de luz hará imposible que la empresa cumpla.
La demandante reclama a la institución la resolución del contrato de compra-venta, la devolución de la cantidad que pagó por las parcelas (casi tres millones), el pago de los gastos por gestión urbanística, edificación y urbanización ya ejecutada y una indemnización por daños y perjuicios
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